ABSTRACT
La violación constituye un delito contra la integridad y la libertad sexual según la ley 25087/99)y aunque no medie fuerza, acción coercitiva o violencia de cualquier tipo contra la víctima, vulnera la autonomía del sujeto. Se considera que las acciones que contrarían la integridad sexual dependen de instancias privadas, conforme con el inciso 1º del artículo 72 del Código Penal, por lo cual sólo procede formar causa por acusación o denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representante legal si fuera incapaz. La Corte postuló que cualquier mujer que quedara embarazada en razón de una violación tiene derecho a solicitar la realización del aborto en los servicios del sistema de salud y así plantea las discusiones sobre el aborto no punible (ANP)
Subject(s)
Humans , Female , Pregnancy , Argentina , Rape , Women's Rights , Abortion, Legal , Abortion, Legal/legislation & jurisprudenceABSTRACT
Antecedentes: La gestión del Comité de Bioética a favor de la aplicación del consentimiento informado a nivel hospitalario, enfrentó inconvenientes relacionados con divergencias respecto de la validez, legalidad, legitimidad y utilidad del proceder. Objetivos: Determinar la opinión de una comunidad hospitalaria y de los Académicos de Cirugía respecto de los fundamentos, beneficios e inconvenientes relacionados con el consentimiento informado. Lugar de aplicación: Hospital general de agudos provincial y sociedad académica. Diseño: Entrevista personal con pacientes internados y encuesta semiestructurada para el resto de la población. Población: Comunidad hospitalaria (148 pacientes internados, 232 médicos, 103 estudiantes de medicina, 117 enfermeras y 106 técnicos) y 67 Académicos de Cirugía. Métodos: Análisis estadísticos y discusión de los hallazgos. Resultados: En situación de paciente, la mayoría de los sujetos (93,4 por ciento) desearía conocer la verdad. Creo que es su derecho. La proporción disminuye si se trata de un familiar del opinante (82,8 por ciento). Si el sujeto es un tercero, la obligatoriedad de informar es calificada como menor en relación con las anteriores (72,7 por ciento). La revelación de la información, asociada con la firma del formulario que certifica tal actividad, resultó ser la definición más frecuente de consentimiento informado. El derecho, como obligación legal de estar informado, no destaca como prioritario. El 89,4 por ciento adjudica al médico tratante y al encargado de efectuar la práctica la responsabilidad de informar. El 69 por ciento cree que corresponde a los Jefes exigir la gestión del CI, el 82,6 por ciento que impondrían tal obligación tal obligación si estuvieran a cargo del área. Entre ambas situaciones se detectan diferencias significativas. El 80,2 por ciento de los técnicos y enfermeras hospitalarios opina que se informa de manera inadecuada. La consistencia de las respuestas y el tamaño de la muestra (773 personas que comprenden el 50,7 por ciento de la población hospitalaria y el 55,8 por ciento de los Académicos) permiten considerar los resultados como representativos de ambos universos, aunque su composición no permite extrapolar conclusiones a la población general. Las tendencias observadas, merecen ser tomadas en consideración...